Encrucijada Uribista

Álvaro Uribe Vélez, una de las figuras más importantes de la historia reciente de Colombia, enfrenta en 2025 un momento crítico que podría definir no solo su legado, sino el rumbo político del país. Como expresidente (2002-2010), líder del Centro Democrático y símbolo de la derecha colombiana, Uribe ha sido tanto venerado como cuestionado. Sin embargo, su actual situación judicial, marcada por un juicio por soborno a testigos y fraude procesal, y el reciente atentado contra su protegido Miguel Uribe Turbay, colocando al uribismo en una encrucijada.

Trascendencia

Álvaro Uribe está en el centro de un proceso penal que lo acusa de manipular testigos y cometer fraude procesal, un caso que inició en 2018 y que podría culminar antes del 8 de octubre de 2025, cuando prescribe. La Fiscalía sostiene que Uribe, a través de su ex abogado Diego Cadena, intentó influir en testigos como Juan Guillermo Monsalve para retractarse de acusación que lo vinculan con el paramilitarismo.

La defensa, por su parte, argumenta que las pruebas son débiles, manipuladas o carecen de cadena de custodia, y la Procuraduría ha pedido su absolución, alegando insuficiencia probatoria. Este juicio no solo pone en juego la libertad de Uribe, sino también su imagen como líder intocable.

Paralelamente, el atentado del 7 de junio de 2025 contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, ha sacudido al país. El joven de 39 años, herido de gravedad por un sicario menor de edad, es un símbolo del uribismo y su ataque reavivó los temores de la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. La investigación apunta a posibles móviles políticos, una red de sicarios y fallos en el esquema de seguridad, con confrontaciones cruzadas entre el gobierno de Gustavo Petro y la oposición. Este hecho, sumado al proceso de Uribe, intensifica la polarización en un contexto electoral que ya se calienta de cara a 2026.

¿Qué podría pasar?

El desenlace del caso judicial de Uribe tiene varias posibilidades. Si es absuelto, como pide la Procuraduría, el expresidente podría consolidar su narrativa de persecución política, fortaleciendo su influencia en el Centro Democrático y en las elecciones de 2026. Sus seguidores lo verían como una reivindicación, y el uribismo podría capitalizar esta victoria para impulsar candidatos como María Fernanda Cabal o el propio Miguel Uribe, si se recupera. Sin embargo, una absolución no disiparía las dudas sobre su pasado, especialmente las acusaciones de nexos con paramilitares, que han perseguido su carrera desde Antioquia.

Por otro lado, una condena sería histórica: Uribe sería el primer expresidente colombiano sentenciado por delitos penales, enfrentando entre 6 y 12 años de prisión. Esto podría fracturar al Centro Democrático, que depende en gran medida de su liderazgo carismático, y debilitar su base electoral, especialmente entre los mayores de 45 años que aún lo ven como el salvador que combatió a las FARC con su Política de Seguridad Democrática. Además, una condena podría alimentar el discurso de victimización, galvanizando a sus seguidores, pero también podría alienar a sectores moderados que buscan una derecha menos polarizante.

En cuanto al atentado contra Miguel Uribe, las investigaciones podrían revelar si fue un ataque aislado, motivado por dinero, o parte de un plan político más amplio. Si se confirma un móvil político, como sugieren algunos sectores que apuntan a grupos armados o tensiones con el gobierno de Petro, el uribismo podría usarse para acusar al oficialismo de inacción o complicidad, escalando la confrontación. Si, por el contrario, se trata de un acto delictivo común, el impacto político sería menor, pero reforzaría la percepción de inseguridad en el país.

Impacto

El caso de Álvaro Uribe y el atentado contra Miguel Uribe Turbay trascienden lo personal y refleja el estado de la democracia colombiana. Uribe, con su Política de Seguridad Democrática, transformó el país entre 2002 y 2010, reduciendo secuestros (de 2.282 a 213 por año) y homicidios (de 29.000 a 16.000), y atrayendo inversión extranjera (de US$2 millones a US$7 millones anuales). Empero, su legado está manchado por escándalos como los “falsos positivos”, las redes de informantes que involucraron a civiles en el conflicto y las acusaciones de nexos con paramilitares, con más de 28 procesos judiciales en su contra que no han avanzado.

Foto: Fabian Diaz

La trascendencia de estos eventos radica en su capacidad de redefinir el panorama político. Una condena podría erosionar la hegemonía del uribismo, abriendo espacio a nuevas figuras en la derecha o fortaleciendo a la izquierda de Petro. Pero, también podría exacerbar la polarización, ya que Uribe sigue siendo un símbolo de autoridad para millones, mientras otros lo ven como el epítome de la impunidad.

El atentado, por su parte, revive el trauma de la violencia política, registrando los asesinatos de figuras como Luis Carlos Galán o Diana Turbay, madre de Miguel, víctima de Pablo Escobar. Este hecho pone en jaque la capacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus líderes y amenaza con deslegitimar el proceso electoral de 2026.

Álvaro Uribe, amado y odiado, es un reflejo de las contradicciones en Colombia: un país que anhela seguridad, pero lucha con las heridas de su pasado violento. Su juicio y el atentado contra Miguel Uribe no son solo eventos aislados; son síntomas de una sociedad profundamente dividida, donde la política se juega en los extremos.

La resolución de estos casos determinará si Colombia puede avanzar hacia una reconciliación o si seguirá atrapada en una espiral de polarización y la violencia.