De la censura al coraje

La libertad de expresión, ese pilar que sostiene cualquier democracia, está bajo asedio en muchos países. Y aunque el panorama global es preocupante, la situación en Latinoamérica, y sobre todo en Colombia, es un grito de alerta que no podemos ignorar.

Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2024 de Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa está amenazada precisamente por quienes deberían protegerla: los gobiernos. El indicador político, que mide la presión de las autoridades sobre los medios, cayó 7.6 puntos, por la polarización y la desconfianza, mostrándose un deterioro alarmante en la autonomía de los periodistas.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, consagra el derecho a la libertad de expresión y a difundir información por cualquier medio. Pero, como dijo el filósofo griego Plutarco, hace siglos: cuando un rey corta la cabeza al mensajero por traer malas noticias, el miedo reemplaza a la verdad. Hoy, ese miedo se traduce en leyes restrictivas, detenciones arbitrarias y asesinatos de periodistas. La prensa libre, lejos de ser una realidad global, es una quimera en el mundo.

Si el panorama mundial es sombrío, América Latina es un campo minado. La región enfrenta una combinación letal de violencia, polarización y presiones económicas que hacen del periodismo una profesión de alto riesgo. México, por ejemplo, es el país sin guerra más peligroso para los reporteros: desde 2019, 37 periodistas han sido asesinados. En Colombia, la situación no es menos grave; aunque el país mejoró seis posiciones en el ranking de RSF (del 139º al 145º en 2024), sigue siendo uno de los lugares más peligrosos en Latinoamérica para ejercer el periodismo.

Los periodistas latinoamericanos enfrentan amenazas desde múltiples frentes: el crimen organizado, la corrupción, y en muchos casos, los propios gobiernos. Cubrir temas como el medio ambiente, el narcotráfico o la confabulación entre políticos y grupos armados es jugarse la vida. En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa documentó 460 agresiones contra periodistas en 2023, incluyéndose 158 crímenes. La violencia no solo viene de grupos armados; también hay acoso judicial, vigilancia estatal y estigmatización por parte de figuras públicas, lo que alimenta la autocensura.

Colombia es un caso paradigmático. La historia del periodismo en este país está escrita con sangre. Pero no solo se trata de violencia física. La autocensura es un veneno silencioso: la dependencia de la pauta oficial (publicidad gubernamental) lleva a los medios a evitar temas sensibles para no perder financiamiento. Esto crea “zonas de silencio” donde la corrupción y el crimen operan sin escrutinio.

Prensa y polarización: ¿Víctima o cómplice?

La prensa no es solo víctima de estas dinámicas; a veces, sin quererlo, las alimenta. En Colombia, la polarización política ha dividido a los medios en bandos percibidos como pro o antigobierno. Esta “sectarización” de la prensa convierte a los medios en trincheras ideológicas, alejándolos de su rol de mediadores objetivos, lo que limita la pluralidad.

Otro fenómeno preocupante es el uso del periodismo como trampolín político. En América Latina, no es raro que periodistas se conviertan en políticos o que políticos usen los medios para consolidar poder. En Colombia, casos como el de Alberto Tejada, exdirector del Canal 2 de Cali que se convirtió en congresista afín al gobierno de Petro. Esto puede generar conflictos de intereses y erosionar la confianza en el periodismo como institución neutral. Cuando los medios se convierten en plataformas para agendas personales o partidistas, el público empieza a ver los periodistas como actores políticos en lugar de guardianes de la verdad.

Censura y críticas del gobierno colombiano: Una relación rota

El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha tensado aún más el ambiente, haciéndolo muy toxico. Petro ha usado sus redes sociales, especialmente X, para criticar a medios de comunicación, acusándoles de sesgo y de servir a intereses elitistas. Estás críticas presidenciales, lejos de fomentar un debate constructivo, estigmatizan a los periodistas y pueden incitar a la violencia contra ellos. Petro ha argumentado que busca elevar los estándares periodísticos, pero no es el rol de un presidente decidir qué periodismo es bueno o malo.

¿Cómo debe ser un verdadero estadista, un presidente, para proteger la libertad de prensa y apoyar a los periodistas?

En el mundo, y máxime en Colombia, donde la democracia es frágil y la polarización está a flor de piel, el rol del líder es crucial. Un estadista no solo cumple la ley; la encarna. Un presidente, al garantizar la libertad de expresión, tiene que hacerlo con hechos, no con discursos.

Carlos Felipe “Pipe” Córdoba Larrarte, actual candidato presidencial y posible próximo presidente de Colombia, opina que un estadista tiene que abstenerse de estigmatizar a la prensa, incluso cuando las críticas le duelan. En lugar de usar las redes sociales para desacreditar a los medios, hay que promoverse un diálogo respetuoso.

Pipe Córdoba se propone fortalecer la protección de los periodistas, impulsándose investigaciones rápidas y efectivas contra las agresiones a periodistas, rompiendo el ciclo de impunidad.

Pipe promoverá la pluralidad: apoyando a los medios locales y alternativos, que a menudo son los más vulnerables. En lugar de concentrar la pauta oficial en grandes conglomerados, su gobierno fortalecerá a la prensa regional, que cubre las “zonas de silencio” donde la información es escasa.

Volver a Confiar: en Colombia, un país donde solo el 35% de la población confía en las noticias, Córdoba se muestra comprometido en cerrar la brecha entre los medios y los ciudadanos. Esto implica apoyar la educación mediática para que el público pueda distinguir entre información veraz y desinformación, y evitar caer en la trampa de polarizar aún más el debate.

Llamado a la acción

La libertad de prensa es el oxígeno de la democracia. Sin ella, nos asfixiamos todos. Los periodistas no solo enfrentan balas y amenazas, sino también la desconfianza de una sociedad polarizada y la presión de un sistema mediático concentrado. Pero la prensa no está sola en esta lucha. Un presidente, un verdadero estadista, tiene el poder de cambiar el rumbo. No se trata de aplaudir a los medios cuando le convienen, sino de protegerlos siempre, incluso cuando duelen. Porque un país donde los periodistas temen hablar no es libre, y un líder que no defiende la verdad no es un estadista.

Como periodistas, nuestro deber es seguir informando, seguir preguntando, seguir resistiendo. Y como sociedad, nuestro deber es exigir líderes que no solo hablen de democracia, sino que la vivan. La verdad no es un lujo: es un derecho; y nadie, ni siquiera un presidente, tiene el derecho de quitárnoslo.