RADICADO PROYECTO DE LEY DE TERCIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS Y ALTERNATIVOS

¡Buenas noticias para la comunicación comunitaria, alternativa y democrática en Colombia! Hoy 5 de agosto de 2025 fue radicado en la Secretaría General del Senado de la República el PROYECTO DE LEY DE TERCIOS  que marca un antes y un después en la historia de los medios comunitarios y alternativos del país.

Esta iniciativa, presentada por el senador Robert Daza Guevara del Pacto Histórico, busca regular la distribución de la pauta oficial del Estado, garantizando equidad y pluralidad para que los medios comunitarios, públicos y privados reciban en partes iguales los recursos destinados a la publicidad institucional.

Un sueño que vuelve a tomar fuerza

Este proyecto retoma la visión de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa (CCC), que desde hace años ha liderado la lucha por la democratización de la pauta oficial. Miles de directores de medios comunitarios en todo el país respaldaron esta propuesta, pero en el pasado no pudo ser radicada por mezquindades políticas y falta de voluntad en la agenda gubernamental.

Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse. El Proyecto de Ley 128 de 2025 es un triunfo para las organizaciones sociales, culturales y comunitarias que durante décadas han pedido un trato justo y equilibrado frente a la concentración de recursos en grandes conglomerados mediáticos.

¿En qué consiste el principio de tercios?

El corazón del proyecto es claro: el principio de tercios. Esto significa que el 100 % del presupuesto de pauta oficial del Estado se dividirá en tres partes iguales:

Un tercio para medios comunitarios y alternativos Un tercio para medios públicos Un tercio para medios privados

Este modelo permitirá que la voz de las comunidades tenga el mismo valor que la de los grandes medios, fortaleciendo la diversidad informativa, la participación ciudadana y la libertad de expresión.

Un gasto multimillonario que necesita equidad

¿Por qué es tan importante esta ley? Porque la pauta oficial no es un gasto menor: en Colombia se han invertido miles de millones de pesos en publicidad oficial, pero la gran mayoría ha terminado en medios privados.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), entre 2016 y 2020 se gastaron cerca de 860 mil millones de pesos en publicidad oficial, concentrados en grandes medios urbanos. Solo la Alcaldía de Bogotá destinó más de 81.500 millones de pesos entre 2020 y 2022, y ciudades como Barranquilla superaron los 94.000 millones en el mismo periodo.

Según la Contraloría General de la República CGR, durante los años 2012 – 2014 el gobierno Santos se habría gastado $2,3 billones en publicidad y eventos. Mientras en el 2012 el Estado gastó en eventos y publicidad $ 946.000 millones ($55.000 millones correspondieron a la Cumbre de las Américas), y en el 2013 $177.210 millones, entre julio del 2013 y enero del 2014, el gasto fue de $1,1 billones: $686.000 millones en eventos y $502.538 en publicidad.

Durante el actual gobierno, el gasto no se ha detenido. Un informe reciente reveló que entre agosto de 2022 y diciembre de 2024, el Ejecutivo invirtió más de 131.000 millones en publicidad oficial.  De acuerdo con los datos oficiales, solo en 2024, el gasto en publicidad alcanzó los $63.508 millones, distribuidos principalmente entre tres centrales de medios públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé, mientras en gobiernos anteriores la cifra también fue 5 a 10 veces más.

¿El problema? Esta inversión no ha sido equitativa: los medios comunitarios y alternativos han quedado relegados, sin acceso proporcional a los recursos que deberían garantizar el pluralismo informativo.

Un evento lleno de esperanza y respaldo gremial

El acto de radicación no fue un simple trámite: fue un momento histórico cargado de simbolismo y unidad.

El senador Robert Daza hizo un llamado a la democratización de la comunicación, destacando que esta ley es una herramienta para la inclusión, la diversidad y el fortalecimiento del derecho ciudadano a estar informado.

El respaldo gremial no se hizo esperar: Rodrigo H. Acosta Barrios, presidente de la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa (CCC), recordó que esta iniciativa nació desde las comunidades, en los medios de los municipios, en el acumulado de los medios de Bogotá y Medellín,  en los medios alternativos y poblacionales que día a día luchan por sostenerse. María Alejandra Pérez, presidenta de Una Colombia, subrayó que esta es una oportunidad histórica para corregir las inequidades y dar voz a quienes nunca la han tenido en igualdad de condiciones.

El reto político: convencer a las bancadas en tiempos preelectorales

Ahora viene la parte más difícil: lograr el respaldo de las diferentes bancadas del Congreso. El proyecto inicia su trámite en la Comisión Sexta del Senado, donde será necesario construir consensos en medio de un escenario preelectoral y con un Pacto Histórico que enfrenta dificultades para asegurar mayorías.

Los promotores del proyecto insisten en que este no es un tema partidista, sino un asunto de democracia, libertad de expresión y participación ciudadana, por lo que invitan a todas las fuerzas políticas a sumarse.

Colombia se pone a tono con el mundo

La propuesta se inspira en experiencias internacionales exitosas, como Ecuador, que adoptó un modelo similar, reservando incluso un 34 % para medios comunitarios. También se alinea con recomendaciones de la ONU y la CIDH, que han advertido que la concentración de pauta en pocos medios es una forma indirecta de censura y limita la pluralidad informativa.

Debemos recordar que la exclusión de la pauta oficial es una forma de censura y discriminación. Según la Relatoría Especial de la CIDH, la asignación a dedo de la publicidad oficial, constituye una forma de censura indirecta. Constituye una forma de presión que condiciona la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión. La Relatoría señaló: “[…] Los mecanismos de censura indirecta suelen esconderse detrás del aparente ejercicio legítimo de facultades estatales, muchas de las cuales se ejercen por los funcionarios en forma discrecional. En consecuencia, estas formas de censura indirecta son particularmente difíciles de detectar, ya que no es fácil determinar con exactitud la línea que separa al ejercicio legítimo de una facultad de la restricción ilegítima de un derecho.

¡Un paso gigante hacia la comunicación democrática!

Si este proyecto se convierte en ley, será una victoria histórica para los medios comunitarios y alternativos, que durante décadas han sostenido la voz de las comunidades sin apoyo estatal.

La batalla apenas comienza, pero la radicación del Proyecto de Ley 128 de 2025 es un mensaje poderoso: la comunicación debe ser un derecho, no un privilegio para unos pocos.

Ahora la pregunta es: ¿tendremos un Congreso capaz de dar este paso hacia la democratización de la información?, ¿Seremos capaces los medios comunitarios y alternativos de crear la movilización social necesaria??