La justicia social potencia la vida.

Por: Ricardo Villa Sánchez

La política suele evaluarse a partir de elecciones, discursos y confrontaciones. Sin embargo, hay momentos en los que resulta necesario observar algo más elemental y, a la vez, más profundo: cómo cambia la vida de las personas cuando el Estado decide situar la justicia social entre sus principales prioridades.

Durante décadas, Colombia convivió con la idea de que la pobreza, la desigualdad y la exclusión eran males crónicos, casi inevitables. Por eso, más allá de simpatías, afinidades o discrepancias políticas, los resultados sociales registrados en los últimos años merecen una reflexión serena.

De acuerdo con las cifras oficiales, cerca de cuatro millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria entre 2022 y 2025, mientras alrededor de un millón logró superar la pobreza extrema. Al mismo tiempo, la pobreza multidimensional cayó al 9,9 %, el nivel más bajo desde que se realiza esta medición, y los indicadores de desigualdad mostraron una reducción significativa.

Sin embargo, la justicia social no puede medirse únicamente en términos de ingresos.

También se refleja en las oportunidades que se abren para quienes históricamente han estado al margen. En educación, por ejemplo, el país alcanzó una inversión cercana a los 88 billones de pesos. Más de 954.000 estudiantes accedieron a la gratuidad en la educación superior, 347.000 jóvenes ingresaron al sistema universitario y cerca de dos millones de niños fortalecieron su acceso a la educación inicial.

Algo similar ocurre en salud. La presencia de más de 10.050 Equipos Básicos de Salud en los 32 departamentos, integrados por alrededor de 90.000 profesionales, permitió ampliar la atención preventiva y llegar a territorios donde durante años la presencia institucional fue limitada. Según los reportes oficiales, esta estrategia contribuyó a que más de 5.300 niños menores de un año conservaran la vida.

Los avances también alcanzan al campo colombiano. La formalización de más de 2,1 millones de hectáreas, la adquisición de 764.000 hectáreas para la reforma agraria, la restitución de otras 384.000 y la colocación de más de 44 billones de pesos en crédito productivo a través del Banco Agrario reflejan una apuesta por fortalecer la economía rural y reconocer el papel estratégico de los campesinos en el desarrollo nacional como sujetos de derechos y actores políticos.

A ello se suman mejoras concretas en la calidad de vida de millones de personas: el acceso al agua potable para 1,9 millones de habitantes, la ampliación del saneamiento básico para 2,4 millones, la entrega de más de 283.000 subsidios de vivienda, el mejoramiento de 241.000 hogares y la conectividad para cerca de 19.000 escuelas rurales.

Desde una perspectiva progresista, estos resultados tienen un significado que trasciende las cifras. La justicia social no consiste solamente en redistribuir recursos; implica ampliar oportunidades, remover obstáculos históricos y crear condiciones para que las personas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y construir proyectos de vida con dignidad.

Por supuesto, Colombia sigue enfrentando desafíos de enorme magnitud. Persisten brechas territoriales, problemas de seguridad, altos niveles de informalidad laboral y desigualdades acumuladas durante generaciones. No obstante, los avances observados muestran que la exclusión no es una condena inmodificable y que las políticas públicas, cuando se sostienen en el tiempo, pueden producir transformaciones reales.

Por eso, la discusión de fondo no debería reducirse a los nombres de quienes gobiernan ni a las disputas coyunturales de la política. La cuestión verdaderamente relevante es si las transformaciones que han contribuido a reducir la pobreza, ampliar oportunidades y fortalecer derechos sociales deben mantenerse, consolidarse y profundizarse.

Porque cuando la justicia social logra traducirse en mejores condiciones de vida, el beneficio no es para un gobierno ni para una corriente política, es para toda Colombia.