La informalidad agrícola en América Latina: un obstáculo para la justicia social.
- Araceli Aguilar Salgado
- hace 2 días
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"La pobreza no viene por la falta de riqueza, sino por la falta de justicia."
La informalidad laboral continúa siendo uno de los desafíos más persistentes para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina. El sector agrícola, vital para la seguridad alimentaria de millones, concentra más del 80% del empleo informal en la región. Esta realidad afecta de manera desproporcionada a mujeres, jóvenes y personas mayores rurales, quienes enfrentan condiciones precarias, bajos niveles educativos y una alta exposición a riesgos climáticos.
El informe conjunto de la OIT y la FAO, Trabajo Decente e Informalidad en el Sector Agrícola de América Latina, 2019–2023, identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y protección social que perpetúan la exclusión. A pesar de su rol estratégico, el sector agrícola se mantiene atrapado en un círculo de baja escolaridad y escasa formalización. Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agrícola se mantuvo estable, pero sin avances significativos hacia la formalidad.
La desigualdad de género es particularmente alarmante: el 86,4% de las mujeres trabaja en condiciones de informalidad, frente al 78% de los hombres. Además, el 38,5% de ellas realiza trabajo familiar no remunerado, una tasa cinco veces superior a la masculina. Estas cifras revelan una doble vulnerabilidad que combina precariedad laboral con desigualdad estructural. El sector también concentra el 46% del trabajo infantil regional, lo que compromete el futuro de las nuevas generaciones y perpetúa ciclos de pobreza.
Aunque se han identificado 35 políticas públicas regionales, la mayoría se orienta a aumentar la productividad sin abordar de manera explícita la formalización laboral ni incorporar una perspectiva de género. Esta omisión refleja una visión limitada que reduce el problema a lo económico, sin reconocer su dimensión social y de derechos humanos.
El desafío, por tanto, no es únicamente mejorar las condiciones laborales, sino transformar la estructura misma de la informalidad. Como señaló René Orellana de la FAO, garantizar trabajo decente significa fortalecer la resiliencia de los países y asegurar la seguridad alimentaria. Esto exige políticas integradas que combinen desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo inclusivo.
La informalidad agrícola es más que un problema económico: es una fractura ética que impide la construcción de sociedades justas y sostenibles. Superarla requiere voluntad política, inversión sostenida y un enfoque territorial que reconozca las realidades diversas de la región. Solo así será posible convertir el trabajo agrícola en un motor de dignidad y equidad.
"Donde hay justicia, no hay pobreza." Confucio.