Colombia al límite

La política colombiana se reinicia cada cuatro años. Cambian los candidatos, los eslóganes, las promesas; pero lo que nunca cambia es la sensación de que el próximo gobierno será el que, por fin, enderece el rumbo. Esa esperanza, legítima por naturaleza, suele estrellarse contra una realidad mucho más compleja que cualquier discurso de campaña.

Abelardo no recibirá un país en ruinas, aunque tampoco encontrará una nación encaminada hacia un horizonte despejado. Hereda un país dividido, desconfiado de sus instituciones y con problemas estructurales que ningún gobierno ha logrado resolver del todo.

Y para complicar aún más el panorama, el mundo tampoco ayuda. Mientras las principales economías redefinen sus cadenas de producción, la inteligencia artificial transforma el mercado laboral, las guerras alteran el comercio internacional y la transición energética cambia las reglas del juego económico, Colombia sigue atrapada en discusiones que desde hace veinte años ocupan el mismo lugar en la agenda pública: seguridad, corrupción, informalidad, pobreza y polarización.

Ese será el mayor desafío de Abelardo: gobernar un país que necesita pensar en el futuro mientras aún intenta resolver los problemas del pasado.

La seguridad volverá a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas. No porque haya desaparecido alguna vez, sino porque el Estado ha perdido presencia en territorios donde otros actores ejercen el poder. Los grupos armados ilegales, las economías criminales y el narcotráfico continúan encontrando espacios donde la institucionalidad llega tarde o simplemente no llega.

La respuesta, sin embargo, no puede reducirse al eterno debate entre mano dura o diálogo. Colombia ya comprobó que ninguna de esas fórmulas, aplicada de manera aislada, produce resultados sostenibles. Sin inversión social, justicia eficiente y oportunidades económicas, la seguridad seguirá siendo una victoria temporal.

En materia económica tampoco habrá margen para improvisaciones. El nuevo gobierno necesitará atraer inversión en un momento en que el capital internacional busca estabilidad antes que discursos ideológicos. Pero, al mismo tiempo, tendrá que responder a millones de colombianos que esperan mejores salarios, empleo formal y servicios públicos de calidad.

Lograr equilibrios será incómodo. Gobernar implica tomar decisiones que casi nunca satisfacen a todos.

Hay otro problema del que se habla menos, pero que quizá sea el más profundo: la fatiga democrática.

Colombia no enfrenta una crisis porque los ciudadanos participen poco en política. La enfrenta porque cada vez más personas sienten que participar no cambia nada. La desconfianza hacia el Congreso, los partidos, la justicia e incluso hacia la Presidencia ha alcanzado niveles preocupantes. Esa erosión institucional es mucho más peligrosa que cualquier desaceleración económica, porque cuando desaparece la confianza, cualquier reforma termina convertida en motivo de confrontación.

Abelardo De la Espriella necesitará construir consensos en un país donde el desacuerdo parece haberse convertido en una identidad política. Y eso exige una cualidad escasa en el liderazgo contemporáneo: la capacidad de escuchar sin interpretar cualquier diferencia como una amenaza.

Pero no todo son obstáculos. Colombia sigue teniendo ventajas competitivas que muchos países envidiarían. Una ubicación estratégica entre dos océanos, una biodiversidad excepcional, una población joven, un ecosistema emprendedor cada vez más dinámico y un enorme potencial agrícola, turístico y tecnológico.

La pregunta no es si el país tiene oportunidades. La verdadera pregunta es por qué llevamos décadas hablando de ese potencial sin convertirlo plenamente en desarrollo.

La transición energética ofrece un buen ejemplo. Colombia puede convertirse en una potencia regional de energías limpias, pero hacerlo exige mucho más que abandonar los combustibles fósiles. Requiere inversión, innovación, infraestructura, seguridad jurídica y una política industrial capaz de crear nuevas fuentes de riqueza antes de desmontar las actuales. Las transiciones improvisadas suelen terminar siendo retrocesos.

También existe una oportunidad histórica para modernizar el Estado. Digitalizar los servicios públicos, simplificar trámites, reducir espacios para la corrupción y mejorar la eficiencia administrativa no producen grandes titulares de campaña, pero sí transforman la vida cotidiana de millones de ciudadanos. A veces la verdadera revolución consiste simplemente en hacer que las instituciones funcionen.

Quizás Abelardo no pase a la historia por una gran reforma constitucional ni por discursos memorables. Tal vez su mayor legado sea algo mucho más sencillo y, precisamente por eso, más difícil: devolverle al país la sensación de que el Estado cumple lo que promete.

Porque Colombia no necesita otro mesías político. Ya se han depositado demasiadas esperanzas en líderes que prometieron cambiarlo todo y terminaron descubriendo que gobernar es mucho más complejo que hacer oposición.

Lo que el país necesita es un liderazgo sereno, capacidad técnica, diálogo político y una visión que trascienda al próximo ciclo electoral. Necesita entender que el desarrollo no depende de un presidente providencial, sino de instituciones sólidas capaces de mantener un rumbo independientemente de quién ocupe el poder.

Las elecciones de 2026 no decidieron únicamente quién administrará el país durante cuatro años. Se definió si Colombia insiste en la política de la confrontación permanente o empieza, por fin, a construir una agenda nacional que sobreviva a los gobiernos.

Abelardo heredará un país cansado de las promesas, de las divisiones y de las soluciones fáciles. Pero también recibirá un país lleno de talento, resiliencia y oportunidades. La diferencia entre un gobierno más y un gobierno verdaderamente trascendente dependerá de si entiende que administrar el presente ya no es suficiente. Su obligación será preparar a Colombia para el mundo que viene, para la recuperación, y el bienestar del pueblo colombiano.