Los conflictos y las deudas afectan profundamente la vida de las personas, toda vez que impactan la salud mental y física del ser humano vía los siguientes lastres modernos: El estrés y la ansiedad surgidos de la incertidumbre de cómo resolver una disputa o conflicto, o como pagar las deudas, los lleva a generar altos niveles de angustia.
Adicionalmente, la depresión causada, que subyace en la presión financiera y eventuales problemas legales sobrevinientes, conducen a sentimientos de desesperanza, lo que en últimas entroniza enfermedades físicas surgidas del estrés prolongado causante de insomnio, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.
De otra parte, produce: i) deterioro en las relaciones personales traducidos en conflictos familiares (las deudas y problemas generan tensiones con la pareja y la familia); ii) perdida de amistades como quiera que esos conflictos legales o financieros causan distanciamiento social y en últimas; iii) aislamiento por la tendencia a retraerse socialmente en virtud de lo anterior.
Como si fuese poco lo anterior, el impacto económico y laboral se traduce en la disminución del rendimiento en el trabajo y la baja concentración que afecta la productividad en los autogestores o emprendedores, y desempleo e inestabilidad laboral, dado que las deudas conducen irreversiblemente a embargos salariales y pérdida de oportunidades de trabajo. Tampoco se debe ignorar que las deudas impagadas afectan la vida crediticia y la capacidad de adquirir bienes o inversiones.
Las consecuencias de todo lo dicho no son otras que la baja en la calidad de vida personal y familiar como también en la autoestima, por la pérdida del patrimonio producto de embargos, remates y ejecuciones judiciales que desequilibran la estabilidad financiera, sin pasar por alto, la limitación de oportunidades de estudio, viajes, sostenimiento del entorno familiar o emprendimientos que conducen a una desagradable sensación de estancamiento social.
Lo anterior sustenta la alta importancia social de unas figuras creadas por la legislación y el estado, como herramientas jurídicas que permiten resolver disputas sin necesidad de acudir a un proceso judicial tradicional o normal ante un juez o tribunal, denominados “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)” que brindan soluciones rápidas, eficaces y mucho menos costosas y tortuosas, promoviendo el diálogo y participación de las partes en la solución del conflicto o de la Litis como se les nombra ya en un proceso formal.
Los principales mecanismos para esos fines son: i) Conciliación, la que mediante un tercero imparcial (abogado conciliador) ayuda a las partes a llegar a un acuerdo voluntario con fuerza ejecutoria, esto es, como si fuese una sentencia judicial. ii) la mediación, similar a la conciliación, pero el mediador solo facilita la comunicación sin proponer soluciones, iii) la transacción que es un contrato mediante el cual las partes hacen concesiones mutuas para resolver el conflicto.
Estos mecanismos pueden ser utilizados en el ámbito civil quiere decir en todo tipo de disputas entre ciudadanos, ámbito de familia por alimentos, disputas conyugales o intrafamiliares, como también en lo comercial, administrativo y laboral. Finalmente, el arbitraje se traduce en la actuación de un árbitro acordado por las partes que decide el conflicto mediante un laudo teniendo los mismos efectos de una sentencia judicial.
Valga resaltar la existencia de la herramienta alternativa denominada insolvencia de persona natural no comerciante que permite a las personas del común o que no ejercen actividades comerciales, renegociar sus deudas y evitar o suspender embargos o ejecuciones judiciales cuando se encuentra en una situación económica difícil, posibilidad que se amplió también a los pequeños y medianos comerciantes de las denominadas Pymes lo que evita la
pérdida del patrimonio o la empresa a través de acuerdos de pago.
Esta alternativa de la insolvencia es una herramienta, como lo son las demás citadas, que se tramita ante los centros de conciliación habilitados o licenciados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante un informe detallado de deudas, ingresos, bienes y gastos, para pasar a una segunda fase con la intervención de un conciliador profesional que apoya a la persona para llegar a acuerdos con sus acreedores, establecer unos razonables plazos y fijar
un plan de pagos donde puede darse la reducción de intereses y condonación parcial de la deuda. Si se logra el acuerdo se formaliza y tiene fuerza legal.
En resumen, el Ministerio de Justicia y del Derecho Colombiano ha recopilado estadísticas al año 2023 que evidencian la eficiencia de los Mecanismos de Solución de Conflictos, entre las que cito, 137.547 personas que utilizaron la conciliación para resolver conflictos, incluyendo disputas sobre uso y tenencia de tierras con una participación femenina de 67.189 representando el 53% de los beneficiarios (Fuente: informe de rendición de cuentas de paz 2023). De otra parte, según el informe, entre 2010 y 2022 se registraron 1.388.103 solicitudes de conciliación, y de estas, el 44% culminaron en acuerdos conciliatorios, lo que representa aproximadamente 610.765 casos resueltos sin necesidad de acudir a demandas judiciales, lo cual fortalece la confianza de la ciudadanía en estos mecanismos.
El suscrito abogado regenta un centro de conciliación denominado Fundación de la Solidaridad Convivencia y Paz (Solconpaz) con sede principal en la ciudad de Bogotá donde se cuenta con un equipo de abogados profesionales idóneos en la materia para concretar la solución de los conflictos citados, con lo cual pretendemos brindar la posibilidad de materializar y perfeccionar esos beneficios a la ciudadanía, contribuyendo al bienestar, equilibrio social y personal de los ciudadanos, como paliativo que ayude a promover una mejor calidad de vida y armonía social.
excelente articulo